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SANTO DOMINGO. ¿Debe modificarse la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04? Esta pregunta encuentra respuesta positiva, no referente a su contenido, sino respecto al órgano que debe velar por su cumplimiento.
En 2009, el entonces diputado Alfonso Crisóstomo depositó en la Cámara Baja un proyecto que pretendía cambiar el nombre de la legislación a Ley de Acceso Regulado a los Datos e Información Públicos. Buscaba que el solicitante confesara para qué necesitaba los datos y que aportara su domicilio por si surgían acciones acarreadas por su pedido.
La iniciativa fue rechazada por los legisladores y llegó a denunciarse ante la Sociedad Interamericana de Prensa.
Según investigó DL en el Congreso Nacional, no se ha conocido otro proyecto de ley con similares intenciones.
En septiembre de 2011, el expresidente Leonel Fernández volvió a tratar el tema de la modificación. Manifestó que en vista de la existencia de "lagunas" en la Ley 200-04, entendía favorable que se apruebe una Ley de Clasificación de la Información y que no sean los funcionarios quienes tengan la discrecionalidad de decidir cuáles informaciones dar.
El veterano periodista Juan Bolívar Díaz entiende que en el sistema político dominicano hay "mucho interés de ocultar cosas porque hay demasiada corrupción, descomposición y demasiados despropósitos".
"Hay funcionarios públicos, como es el caso del Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez, que dice que eso es un disparate (la ley) y que él no cumple eso porque es un disparate, que la discreción es la norma, y él entiende que eso (la Superintendencia) es una institución privada de él, que él puede manejar los recursos como le dé la gana, y él ha proclamado que tiene nominillas (...) y que nadie puede impedirle a él que dé ayudas a la gente", dice.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sometió uno de los proyectos conocidos en el Congreso cuando aún se debatía que el país tuviera una ley de libre acceso a datos públicos. Su vicepresidente, Servio Tulio Castaños, entiende que la legislación no debe modificarse. "Probablemente queriendo modificarle algunos aspectos a la Ley de Libre Acceso a la Información, conquistas que ya sí contiene la ley, pudiesen ser eventualmente modificadas", dice.
Órgano rector
Existe la intención de que se verifique el aspecto del órgano rector que debe gerenciar la aplicación de la legislación.
"Quizás analizando el uso que se le ha dado, podríamos dejarla así, pero todavía a la ley creo que le cabe una modificación para dar entrada a lo que sería el elemento administrativo", considera el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Olivo de León
Aunque la Ley se promulgó en el 2004, no fue sino hasta el 2012 que se estableció por decreto que su órgano rector pasaría a ser la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, creada por ese mismo decreto y dirigida por Marino Vinicio (Vincho) Castillo. Sin embargo, solo tiene alcance para las oficinas que dependen del Ejecutivo.
Entre sus funciones está intervenir en la negativa de funcionarios para dar información y evitar, cuando sea posible, que se llegue a la justicia. Sin embargo, la encargada de Transparencia Gubernamental, Berenice Barinas, cita al menos un caso en que haya intervenido.
En el 2013, llegaron 18 recursos de amparo al Tribunal Superior Administrativo sobre la Ley de Acceso a la Información.
El exsenador José Tomás Pérez, quien también legisló por la Ley 200-04, entiende que la Dirección de Ética está al frente porque no se ha creado un Consejo.
"Se necesita crear un organismo rector de la ley, porque ahora mismo no lo hay, y fue una falla de origen cuando se aprobó, y ese organismo rector debe ser un consejo independiente, que es el que debe dar seguimiento y legislar sobre cada aspecto relacionado con la aplicación de dicha ley", dice.
Para abril de 2007, los periodistas se quejaban de que los funcionarios no asimilaban que tenían que rendir cuentas. Ese mismo año plantearon la necesidad de crear el Instituto Dominicano de Acceso a la Información Pública. En el 2008, 50 organizaciones solicitaron que se modificara la Ley 200-04 para que se establezca un organismo gerente.
En febrero de 2012, el expresidente Fernández sometió al Senado un proyecto de Ley que proponía la creación del Instituto Dominicano de Acceso a la Información Pública, que fungiría como órgano rector.
Finalmente, el gobierno de Danilo Medina pasó la responsabilidad a la Dirección de Ética.
¿Cómo ha sido en México?
Diferentes sectores se refieren al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México como modelo a considerar cuando se habla del órgano rector. DL entrevistó vía correo electrónico a la Comisionada Presidenta de esta institución, Ximena Puente de la Mora, para conocer cómo ha sido la experiencia del IFAI.
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