Europa Press
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha asegurado que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, "ha defendido con eficiencia el orden público", pese a las numerosas denuncias de posibles violaciones de los Derechos Humanos cometidos por los Carabineros en el marco de las protestas y manifestaciones que se producen en el país desde el pasado mes de octubre.
Almagro ha señalado que la OEA "reconoce el trabajo" de Piñera "en el marco del estado de Derecho y la preservación de la democracia". En este sentido, ha subrayado que la defensa "eficiente" del orden público se ha producido "al mismo tiempo" que se han tomado "medidas especiales para garantizar los Derechos Humanos", según ha publicado el diario chileno 'La Tercera'.
El secretario de la OEA se ha reunido en la sede de La Moneda, con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, para abordar cuestiones como la crisis chilena y los asuntos relacionados con el organismo regional, cuya última cumbre está teniendo lugar estos días en México.
La OEA tiene por delante unas futuras elecciones para elegir a su nuevo secretario general. Si bien hay países como Brasil o Estados Unidos que apoyan la reelección de Almagro, la que fuera ministra de Asuntos de Exteriores de Ecuador bajo el Gobierno de Rafael Correa, María Fernanda Espinosa, cuenta con el beneplácito de otros miembros de peso, como México y Argentina.
Almagro también se ha referido a la supuesta injerencia extranjera que se habría producido durante las manifestaciones en Chile con el objetivo de generar situaciones de violencia y caos, tal y como denunció Piñera, sugiriendo que tan sólo hay "que hacer un seguimiento de las redes sociales" para comprobar "de dónde vienen muchos de los mensajes".
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses, pero crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social". Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de 20 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.
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