PARÍS. Más de 70 países se comprometieron hoy con una convención desarrollada por la OCDE que pretende evitar la evasión fiscal de las multinacionales que abusan de su presencia en diferentes Estados para evitar pagar impuestos o buscan la jurisdicción que les sea más favorable.
Un total de 67 países firmaron esta convención conocida por las siglas BEPS del proceso para impedir la llamada “optimización fiscal”, a los que se añadieron ocho más que presentaron cartas de intenciones con el propósito de adherirse.
El acto, que se hizo en el marco de la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, contó entre otros, con la presencia de su secretario general, Ángel Gurría; de los ministros de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, Francia, Bruno Le Maire, o India, Arun Jaitley; o del viceministro del Tesoro de Argentina, Ariel Sigal.
Por parte de España, acudió a la ceremonia el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.
Este tratado, que para entrar en vigor tendrá que ser ratificado por cinco Estados, establece unos estándares en la aplicación de las convenciones fiscales bilaterales que ya existen.
Esas convenciones ya no necesitarán renegociarse una por una, sino que tendrán un marco que permitirá su aplicación conforme a las reglas del acuerdo multilateral.
El responsable fiscal de la OCDE, Pascal Saint Amans, que señaló que entre 1,200 y 1,300 de las 3,500 convenciones fiscales bilaterales que hay en el mundo quedarán cubiertas con los países ahora firmantes, se mostró confiado en que “rápidamente” se llegará a un centenar de adhesiones.
Integra cuatro puntos principales del trabajo realizado en el proceso BEPS, empezando por impedir el uso abusivo de esas convenciones bilaterales.
Es decir, que una multinacional no podrá escudarse en escoger una jurisdicción de su gusto para librarse de pagar impuestos en los países donde efectivamente desarrolla su actividad productiva.
Otro aspecto es el referido a los productos híbridos, de forma que las empresas no podrán recurrir a un producto financiero particular (como obligaciones convertibles en acciones) sabiendo que con él tendrían una exención fiscal en un Estado determinado.
El tratado fija, además, la definición de lo que es un establecimiento estable de una compañía, así como las reglas para la fragmentación de sus actividades -y de los beneficios correspondientes- en los países donde tiene desplegado su negocio.
En paralelo, contempla una mejora de los procedimientos de arbitraje para eliminar los riesgos de doble imposición de una misma actividad sin tener que llegar a un contencioso.
Estados Unidos no se ha adherido y no tiene intención de hacerlo, aunque Saint Amans se esforzó en minimizar ese hecho con el argumento de que las convenciones bilaterales que ha suscrito Washington no son susceptibles de ser objeto de los abusos que previene este tratado.
Schäuble se felicitó por la firma del convenio, que a su parecer constituye “un mensaje fuerte” frente a la evasión fiscal, una realidad que ofrece “un terreno fértil para el resentimiento” contra las instituciones y para el populismo.
“Tenemos que probar que la cooperación internacional puede funcionar y funciona”, señaló después de haber explicado que si la globalización y la innovación digital permiten nuevas oportunidades a las empresas, “desgraciadamente les ofrecen también posibilidades de defraudar más”.
Le Maire estimó, por su parte, que “si no luchamos contra la optimización fiscal, son los mismos Estados los que están en peligro”.
Anunció que Francia va a poner en marcha “sin demora” el proceso de ratificación y dijo que hay que ir más lejos para garantizar que la empresas pagan impuestos por sus beneficios allí donde realmente los generan.
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